Decano de Derecho participó en Primeras Jornadas de Investigación Jurídica
Actividad fue convocada por la red de directores de investigación de las facultades de Derecho de Chile.

El decano de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Alberto Balbontín, participó en las Primeras Jornadas de Investigación Jurídica “¿Cómo valoran las agencias nacionales la investigación jurídica?”, actividad organizada por la Universidad de Chile y convocada por la Red de Directores de Investigación de las Facultades de Derecho de Chile. Balbontín fue parte del primer panel, titulado “La valoración de la investigación en las facultades de Derecho de Chile”, en un encuentro encabezado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle.

Inició su intervención indicando que “al consolidarse un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que tiene ya varias décadas se vuelve impostergable su revisión para cuestionarnos si está cumpliendo sus objetivos. En el ámbito de las ciencias jurídicas -período 1996-2019- la academia jurídica chilena ocupa el segundo lugar latinoamericano (cerca de Brasil) y vigésimo a nivel mundial si consideramos el número de trabajos publicados. Si tomamos el número de citas, bajamos al lugar 34 a nivel mundial y tercero en Latinoamérica (detrás de Brasil y cerca de México). Considerando nuestra población y lugar relativo en el mundo, son datos auspiciosos”.

“El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ha contribuido a la consolidación de una comunidad jurídica académica pujante. Sin embargo, debemos transitar a un sistema que genere más estabilidad, que distribuya bien los incentivos, que contribuya a la consolidación de una comunidad epistémica y que fomente el trabajo colaborativo”, subrayó.

Sobre las necesidades inmediatas, detalló que “debemos modificar el sistema para evaluar la productividad de los investigadores utilizado en la última versión del concurso Fondecyt Regular 2021 y reemplazarlo por el que surja del trabajo entre las facultades de derecho y la ANID; garantizar estabilidad en los criterios de evaluación; que las modificaciones de los criterios de evaluación curricular sean publicadas con anticipación a su vigencia; separar el Grupo de Evaluación de Ciencias Jurídicas del de Ciencias Políticas; asegurar más objetividad en el sistema de evaluación de proyectos, incorporando una etapa de evaluación sin conocer la identidad del postulante; y garantizar transparencia y representatividad institucional y geográfica en la selección y nombramiento de los integrantes de los grupos de evaluación”.

“A más largo plazo es necesario: apostar por la investigación asociativa para que los proyectos consideren la participación de coinvestigadores, y así fortalecer una masa crítica de investigadores productivos que se vincule con centros académicos regionales, nacionales e internacionales; diseñar un mecanismo permanente de fomento de la investigación consistente con las peculiaridades de cada área disciplinar y que sea un reconocimiento para investigadores consagrados y una oportunidad para los que ingresan a la investigación; crear la carrera de investigador, que reconozca niveles de investigadores por su excelencia e impacto; y conciliar los criterios que se definan para cada categoría de investigador que sea consistente con los criterios que la CNA ocupa para constituir los programas doctorales por disciplina”, destacó.

Finalmente, hizo referencia al Informe de Cálculo Aranceles Regulados de la Subsecretaría de Educación Superior, que “es una amenaza para el sistema universitario, como consecuencia de la exigencia legal de fijar aranceles para las escuelas. Sin perjuicio de las observaciones metodológicas que han sido puestas de relieve por el CRUCH, ese informe arroja como resultado que las facultades de Derecho, en especial las más complejas, vean considerablemente reducidos sus aranceles, poniendo en riesgo la mayor parte de sus frentes que no sean estrictamente docencia de pregrado, la cual también verá gravemente reducidas sus posibilidades de mejoramiento y mantención de la política de formación por competencia. El método de cálculo parece basarse únicamente en los requerimientos de la docencia de pregrado, y digo ‘parece’ pues uno de los defectos observados por los rectores, que compartimos, es que no existe una memoria de cálculo que permita comprender los factores que se tomaron en cuenta para llegar a tales resultados”.

Publicado miércoles 2 de septiembre de 2020
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